Odebrecht: la conexión mexicana.

*La red internacional de cohechos elaborada por la compañía brasileña llega hasta los Pinos y desafía las nuevas leyes anticorrupción mexicanas.

*La corrupción entró por PEMEX; Lozoya y la campaña de Peña del 2012, en medio del entramado. 

Gerardo Moyano /  Espacio 4

Con 168 empleados (de los cuales ya despidió a casi 70 mil) y presencia en 28 países, Odebrecht es una de las mayores constructoras de Latinoamérica. Pero en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un juicio en el que la firma se declaró culpable de utilizar cuentas bancarias estadounidenses y otras en paraísos fiscales para triangular pagos por sobornos “por un valor aproximado de 439 millones de dólares (entre 2001 y 2016) a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en países ajenos a Brasil”, según señalan los documentos de la Corte.

La investigación, que salpica a gobiernos de al menos 12 países (Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) y a unas 10 mil empresas que están siendo investigadas, se inició gracias a Concepción Andrade, la primera secretaria del “Sector de Relaciones Estratégicas”, un departamento de Odebrecht creado en 1987 y que funcionaba como una Caja B para pagar sobornos a cambio de favores y contratos. Andrade, quien fuera despedida en 1992, guardó los registros, que luego entregó a la justicia brasileña en el marco de la investigación Lava Jato (el caso de corrupción de la petrolera Petrobras, que llevaría a la imputación del ex presidente brasileño Lula da Silva).

En el caso de México, la investigación apunta a que funcionarios recibieron sobornos de la constructora brasileña por alrededor de 10.5 millones de dólares para conseguir contratos de Obras Públicas entre 2010 y 2014, los cuales le habrían generado más de 39 millones de dólares en beneficios.

En febrero, el procurador Raúl Cervantes recabó información sobre el caso en Brasil; y en marzo, Javier Vargas, subsecretario de la Función Pública, dijo que la dependencia daría a conocer las sanciones contra los funcionarios que habrían recibido algún tipo de sanción por parte de Odebrecht. Pero en abril, José Antonio González, director de PEMEX, dijo que no contaba con la lista completa de funcionarios que pudieron haber recibido sobornos. Luego la paraestatal hizo públicos los 4 contratos que tenía con la empresa brasileña. En mayo, la PGR informó que tomó las declaraciones de 10 funcionarios y 9 ex funcionarios que intervinieron en la adjudicación de los contratos de PEMEX, así como de 3 directivos de Odebrecht, entre ellos el ex presidente de la firma, Marcelo Bahía Odebrecht.

En junio, la Secretaría de la Función Pública anunció que había iniciado 4 procedimientos sancionatorios contra filiales de Odebrecht.

El 13 de agosto pasado, Proceso publicó la investigación periodística de Quinto Elemento Lab, realizada por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, en conjunto con el diario brasileño O Globo, lo cual revela que Lozoya recibió 4.1 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012, mientras era parte del equipo de campaña de Peña Nieto. Y cuando fue nombrado director de PEMEX, los ejecutivos acordaron entregarle otros 6 millones de dólares para asegurar la adjudicación del proyecto de remodelación de la refinería de Tula, Hidalgo, que recibió entre 2013 y 2014.

Lozoya negó “categóricamente” las imputaciones y pidió desestimar las declaraciones porque los ex directivos de Odebrecht son “delincuentes confesos” que “pueden decir cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas”. En respuesta, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción presentó estados de cuenta (asociados a Odebrecht) a través de los cuales se habría pagado a Lozoya.

AMLO señaló recientemente que la atención se quiere centrar únicamente en los 10 millones de Lozoya, sin embargo, no hay que olvidar que Odebrecht hizo negocios con el gobierno  de (Felipe) Calderón.

Para el historiador Lorenzo Meyer, el gobierno mexicano se demora intencionalmente, para retrasar la entrega de información: ceder el menor espacio posible en el mayor tiempo posible. Si las instituciones oficiales fallan, podrían ser la presión social y las investigaciones de medios y organismos independientes las que hagan la diferencia. Incluso si el lento engranaje de la justicia mexicana permite que Peña y sus secuaces terminen el sexenio, la inevitable alternancia en 2018 podría ponerlos camino a la cárcel, tal cual ha sucedido tras el cambio de las siglas en los gobiernos de varios estados.

¿Podrá el gobierno de Peña aguantar otro escándalo mayúsculo de corrupción y sobrevivir el año que resta del sexenio?

Al tiempo.

FUENTE: Proceso / Espacio 4 /  Notimérica.

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