Ayotzinapa: a un lustro de la tragedia

Melissa del Pozo / Proceso

LA NOCHE DE IGUALA: El 26 de septiembre de 2014, más de 40 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos, 6 personas ejecutadas (entre ellas 3 normalistas), incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció con claras muestras de tortura; 40 personas fueron lesionadas (entre ellas2 estudiantes con afectaciones permanentes a su salud) y más de 180 violaciones a los derechos humanos esa noche en Iguala, Guerrero.

ESTALLA LA POLÉMICA: El llamado “Caso Ayotzinapa” se volvió emblemático de la crisis de violencia, desapariciones y violaciones de los derechos humanos que ha enfrentado México durante la última década. No por tratarse de un dolor que importe más que otros —pues las víctimas son iguales en dignidad y no debe de haber jerarquías admisibles entre ellas, advierte el Centro PRODH—, son los factores por lo que esto ocurrió: el inaudito número de personas desaparecidas durante un solo evento; el origen estudiantil de las víctimas, la historia de lucha de la Normal, la movilización social que impulsaron los compañeros de los jóvenes, la férrea y digna unidad desarrollada por los familiares de los normalistas, sostenida hasta el día de hoy; la intervención temprana de periodistas y organizaciones de derechos humanos; la internacionalización de la búsqueda de la justicia; los múltiples testimonios del involucramiento de actores estatales en los hechos; la colusión entre el crimen organizado y las instituciones estatales de los diversos niveles —incluyendo el federal—, la documentada indolencia del sistema de justicia ante las exigencias de respuesta por parte de las familias, entre otros.

El cambio de administración federal dejó descubiertos a los altos mandos policíacos y funcionarios de distintos niveles que contribuyeron a manipular pruebas, fabricar culpables y encubrir delitos relacionados con el caso Ayotzinapa. El pasado 22 de julio de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó denuncias contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, por realizar ilegalmente la diligencia en el río San Juan, que le sirvió al entonces procurador Jesús Murillo Karam para confeccionar su ya desacreditada “verdad histórica”.

En diciembre de 2014, el entonces procurador de la república Jesús Murillo Karam, luego de intensas protestas por la exigencia de la aparición con vida de los normalistas, dio a conocer que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados y luego calcinados en el basurero de Cocula, municipio contiguo a Iguala, donde se perpetraron ataques de la policía la noche del 26 de septiembre.

A lo que llamó “la verdad histórica”, Murillo Karam agregó que los integrantes de la Organización Guerreros Unidos colocaron los restos en bolsas y luego los tiraron al río San Juan.

Un año después, en septiembre de 2015, luego de que el presidente Peña Nieto removiera a Murillo Karam y lo sustituyera por Arely Gómez, la PGR dio a conocer que los restos que se habían localizado en el río correspondían al hijo de Ezequiel, Alexander, pero que el grado de descomposición era tan alto que sería imposible entregarlos a la familia.

Los restos de las bolas encontradas en el río habían sido enviados a un laboratorio en Innsbruck, Austria, done un grupo de especialistas lograron la identificación.

FUENTE: Proceso / Milenio / Sin embargo / La Silla Rota / AFP / La Razón.

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