Argentina y su memoria histórica

Francisco Olaso / Irene Savio

En 1984, en una Argentina ya democrática, se publicó por primera vez Nunca más, resultado de las investigaciones de la Comisión de la Verdad encabezada por Ernesto Sábato. Gonzalo Álvarez, presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, habla de esa obra (que se ha reeditado 11 veces) en la que se detallaron 8,960 casos de desapariciones forzadas.

Décadas atrás, cuando casi cada casa en Argentina contaba con una biblioteca, el libro Nunca más, con su lomo rojo y sus letras blancas, era muy reconocible y estaba ahí como un símbolo. Es una obra que se deslinda de su contexto y trasciende épocas, incluso el ámbito argentino, ya que la temática por su gravedad trastoca a muchas sociedades. Argentina confió a la Universidad de Buenos Aires, a la universidad pública, la responsabilidad de su edición. Nunca más ha sido traducido a numerosos idiomas y lleva vendidos cerca de medio millón de ejemplares en todo el mundo.

Nunca más es un libro que se lee de manera rara. Es difícil encontrar a alguien que lo haya leído entero. En realidad, todos lo miran, leen una parte, luego otra, pero siempre con mucha dificultad, por lo durísimos que son los testimonios que ahí se narran. Sin embargo, es un libro con una vigencia absoluta. En Argentina se considera un best and long-seller, porque desde que se publicó en noviembre de 1984 lleva más de 11 ediciones y se sigue reimprimiendo.

El informe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep) creada por el presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, días después de que Argentina recobrara la democracia, tiene como propósito aclarar acontecimientos históricos con la finalidad de acercar la verdad a los familiares de las víctimas, un antecedente para los juicios, refiere Gonzalo Álvarez, presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba).

Durante el juicio a las juntas (militares) celebrado en Bueno Aires en 1985, la defensa de los comandantes de la dictadura argumentaba que los militares habían ejecutado una instrucción emanada del gobierno constitucional previo, un decreto de 1975 firmado por el presidente provisional Ítalo Luder, que autorizaba la “aniquilación de la subversión”.

Cualquier acontecimiento reprochable durante su cumplimiento habría constituído “un exceso”, toda vez que se hubiera tenido conocimiento de él. Para la ejecución de este decreto no se habría apelado a una organización determinada ni seguido un plan específico. Por otra parte, las defensas de los comandantes sostenían que la ejecución de la instrucción había sido responsabilidad de cada una de las fuerzas de manera independiente.

“El aporte sustantivo que tuvo el informe de la Conadep es demostrar que hubo un plan sistemático, que tenía un modus operandi muy concreto, desarrollado en todo el país, con un despliegue y una organización territorial dividida por cada una de las fuerzas, con una metodología que consistía en secuestros con características similares, el confinamiento en más de 380 centros clandestinos, sometiendo a las personas secuestradas a torturas, vejámenes y tratos crueles, y a la mayoría de ellas a la desaparición física”, refiere Álvarez.

A través de una selección de casos de investigación en función de la calidad de la prueba o la capacidad de reflejar la operatoria, la Conadep aportó evidencias y estableció mecanismos que se constituyeron en el insumo más importante para enjuiciar y condenar a los integrantes de las juntas (militares), explica.

Presidido por el escritor Ernesto Sábato, la Conadep fue una novedosa comisión de notables y personalidades independientes. Como comisión de la verdad, fue una de las primeras en su tipo en el mundo.

El nombre nunca más, propuesto por uno de los integrantes de la comisión, el rabino Marshall Meyer, proviene del lema utilizado por los sobrevivientes del Gueto de Varsovia. Para Álvarez, el paralelismo con el tema del nacionalsocialismo y la dictadura argentina es razonable, así como los juicios de Núremberg y los alcances de la competencia federal para intervenir en Argentina.

FUENTE: Proceso.

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